Viva la transparencia

Los diputados federales deberán dar a conocer en el futuro sus ingresos extras, decidió hoy la Corte Constitucional Alemana. Los jueces rechazaron una demanda interpuesta por nueve diputados contra una nueva “regla de transparencia” en el marco de la ley que regula el status legal de los parlamentarios.

No obstante, el fallo no podía haber sido más disputado: del colegiado de ocho jueces, cuatro votaron a favor de dar lugar a la demanda y cuatro en contra. Para el éxito de la demanda hubiera sido necesaria una mayoría.

Los diputados que interpusieron el recurso representan a casi toda la gama del espectro político de Alemania, desde social y democristianos, pasando por socialdemócratas hasta liberaldemócratas. Su principal argumentación fue que con una “regla de transparencia” la actividad política pierde atractivo, por ejemplo para profesionales independientes y empresarios.

Éstos, agregaron los demandantes, no puede dejar de ejercer sus actividades profesionales, ya que de lo contrario les es muy difícil volver a retirarse de la política. Actividades profesionales extraparlamentarias, agregaron, coadyuvan a asegurar su independencia del sistema político. Una argumentación que parece no carecer de cierto discreto encanto.

Jueces: opiniones divergentes

Así lo entendieron los cuatro jueces dispuestos a aceptar la demanda. En su informe, escribieron que “la posibilidad de ejercer una actividad remunerada paralelamente al mandato político coadyuva a asegurar la independencia de los diputados y por lo tanto también la capacidad de funcionamiento del Parlamento”.

Además, agregaron, “el ejercicio paralelo de una profesión proporciona a cada diputado la libertad de decidir de acuerdo con su conciencia, sin tener que reparar en las posibilidades de reelección y con ello en el aseguramiento de sus ingresos”.

Y finalmente: “Si se desea tener diputados libres, debe confiarse en que los elegidos por el pueblo se comporten responsablemente. El principio de la libertad exige que sólo sea combatido el abuso. No es posible reclamar un control total de quienes trabajan legalmente porque una minoría no se comporte correctamente”.

Choque de intereses

Otra opinión defendieron los cuatro jueces que rechazaron la demanda. “La actividad del diputado no es un empleo secundario y honorífico. Por el contrario, exige todo del ser humano, que sólo en una constelación muy favorable puede intentar desarrollar una actividad profesional paralela a su mandato político. La libertad del diputado no significa tener la libertad de no cumplir con sus obligaciones, sino sólo la libertad acerca de cómo decidir en cuanto a contenidos políticos”, argumentaron.

Y agregaron que “decisivo es asegurar la independencia del diputado de grupos particulares que intentan imponer sus intereses en el Parlamento ofreciendo determinados incentivos dirigidos a los intereses financieros propios de los políticos”.

Y remataron así su argumentación: “El entrelazamiento de intereses y la dependencia económica de los diputados interesan obviamente a la opinión pública (…) El pueblo tiene derecho a saber de quién —y en qué volúmenes— sus representantes aceptan dinero o prestaciones”.

De acuerdo con la nueva regulación, los diputados deben ahora, rechazada la demanda, informar al presidente del Bundestag todos los ingresos extras que superen los 1.000 euros por mes o los 10.000 euros por año.