Víctimas del desplazamiento: “Habitantes sin pasado y sin futuro”
27 de mayo de 2011
El destierro en Colombia siempre ha sido violento. “Especialmente violento”, acota Pedro Galindo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, “porque la expulsión del espacio propio es la negación absoluta de todos los derechos”, y agrega que “el desplazamiento es la negación del derecho a la vivienda, al agua, al territorio, a la cultura, a la nación”. Para Galindo esta violación de los derechos humanos que corta hasta la libertad de tránsito niega los conceptos básicos de libertad e igualdad estipulados por Naciones Unidas.
¿Cómo se puede ejercer entonces la ciudadanía?
“Sin espacio es imposible ser ciudadano con derechos. Usted es un habitante de ninguna parte”, responde Galindo, quien es también investigador de la ONG CODHES, con sede en Bogotá. Pedro Galindo pone un ejemplo para explicar ese drama: “Cuando usted encuentra a una mujer víctima del desplazamiento que llega con 3 de sus 5 niños, y le pregunta ¿Dónde quedaron los otros hijos y su esposo? responde - No sé, no alcanzaron a salir, no sé si los volveré a ver.” Este caso, según Galindo, ilustra muy bien la tragedia y concluye que “las víctimas del desplazamiento viven un drama en el que pierden su pasado y penden en un presente sin futuro”.
El desplazamiento es “inconstitucional
La Corte Constitucional colombiana declaró en 2005 el desplazamiento como “un estado de cosas inconstitucional” e instó al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero durante cinco años el Gobierno hizo muy poco por parar el drama humanitario.
Este 24 de mayo de 2001, empero, las cosas podrían haber empezado a cambiar, para bien. El Senado colombiano aprobó un vasto proyecto, considerado como “histórico”, en favor de las víctimas del conflicto y que se convertirá en Ley de Víctimas, este 11 de junio, en presencia del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, durante su visita a Bogotá.
El proyecto incluye a ciudadanos quienes desde el 1° de enero de 1985 hayan sido víctimas de violaciones contra la Carta de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Unas 4 millones de víctimas tendrán derecho a reparación económica y restitución de sus tierras.
Asesinan para acallar reclamos
El destierro de varias comunidades negras de la región noroccidental de Urabá ejemplifica los métodos de la cadena de violaciones iniciada por guerrilleros y seguida por paramilitares y narcotraficantes con la participación de funcionarios de entes estatales.
“Todos sabían que lo iban a matar ese día. Lo sabía la policía, lo sabía la fiscalía, lo sabía la alcaldía, menos él”, cuenta el líder comunitario Diego Espitia* cómo la persecución de quienes reclaman la restitución de sus tierras usurpadas va de la mano con el asesinato de sus representantes. Espitia, que hoy huye de amenazas de muerte por los autores del desplazamiento en Urabá, se refiere al homicidio de su maestro Benigno Gil en Chigorodó, Urabá, el 22 de noviembre de 2008. Luego fueron asesinados su colega Ana Gómez y el campesino Hernando Pérez, un caso por el que Estado colombiano fue acusado ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
Reconocido para luego ser eliminado
“Tras pocas horas de haber recuperado sus tierras robadas, gracias a un título entregado por el mismo Ministro de Agricultura, Perez fue asesinado”, relata el abogado Walter Raúl Mejía Cardona, especialista de la Fundación Forjando Futuros, de Medellín. “Y al otro día de matar a Pérez, el alcalde de su pueblo, Necoclí, en la misma región de Urabá, le entregó los títulos de propiedad de las parcelas de la víctima a testaferros de los paramilitares narcotraficantes”, agrega Diego Espitia.
Un caso especialmente dramático, toda vez que la persecución de las víctimas y sus líderes torpedea la política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de darle a las víctimasla atención que no han tenido en medio siglo de existencia del conflicto armado en Colombia. Por eso Mejía reitera el llamado de la ONG Forjando Futuros a la comunidad internacional “a ayudar a proteger a las víctimas y el plan de resarcimiento de los derechos humanos violados”.
Autor: José Ospina-Valencia
Editora: Emilia Rojas
* pseudónimo