Entra en vigor el estrecho control de los químicos europeos
1 de junio de 2007
¿Entiende usted lo que pone en el etiquetado de su desodorante? ¿Sabe qué son las sustancias de las que se compone su pasta de dientes? La mayor parte de la gente ignora lo que es el sorbitol, y sin embargo se lo mete en la boca. Pero lo peor no es que el común de los mortales desconozca lo que se esconde tras el sinfín de nombres químicos que nos acompañan en cada acto de nuestra vida cotidiana, sino que los científicos que saben lo que significan estos términos no sepan cómo influyen en nuestro organismo.
¿Son los causantes de las alergias? ¿Del cáncer? ¿Provocan infertilidad? ¿Pueden tener efectos negativos a largo plazo, usados a diario, cada noche al lavarse los dientes?
Durante cuatro años discutió la Unión Europea sobre el asunto, hasta que se dio luz verde a REACH, la nueva legislación sobre sustancias químicas y la normativa comunitaria más extensa jamás aprobada, que entra ahora en vigor.
1981, año cero
En el mundo de los productos químicos y sus efectos, 1981 es una fecha clave. Hace 25 años se comenzó a temer que ciertas sustancias pudieran ser nocivas para el organismo humano o para el medio ambiente. A partir de entonces, se instauraron los controles regulares, cada vez más rigurosos. Pero los muchos químicos nacidos antes de 1981 han seguido comercializándose sin que jamás un laboratorio haya analizado las consecuencias de su uso.
Son esos "viejos químicos" los que han causado más de un escándalo. Y 1981 el año de la discordia en los debates sobre REACH. La industria química hubiera preferido ahorrarse el tener que poner a prueba lo que por aquellas fechas salía de sus fábricas. Y sin embargo tendrá que dar cuentas: la nueva legislación no tiene compasión con la tercera edad química y pide datos sobre todas las sustancias de las que se produzcan más de una tonelada anual.
REACH tampoco distingue entre los químicos propios y los ajenos. Los productos importados se someterán igualmente a revisión. Tendría poco sentido exigir mayor cuidado a la industria de los países miembros mientras el mercado europeo se llena de sustancias tóxicas procedentes de fuera de la UE.
Cáncer, infertilidad…
No todos están conformes con la regulación por toneladas. "Los químicos también pueden suponer un riesgo en pequeñas cantidades", opina la Cámara de Médicos en Alemania. Otro punto controvertido de REACH es de los productos altamente peligrosos, para los que médicos y defensores del consumidor querían una prohibición total y para cuyo uso la industria química ha logrado que las autoridades europeas exijan únicamente una licencia especial, aun cuando existan alternativas en el mercado.
Se calcula que unas 5.000 sustancias químicas son cancerígenas, pueden modificar nuestra herencia genética o disminuyen la fertilidad.
En total, unas 30.000 sustancias van a ser analizadas. En comparación con las 3.000 de las que hasta ahora se algo se sabe, la cifra se muestra generosa. Pero palidece si se la coloca junto a las 100.000 que REACH contemplaba en un principio, antes de que la poderosa industria química ejerciera su poder de disuasión.
18 meses y 10 años
El procedimiento de análisis que pone en marcha REACH es complicado y la labor llevará años, hasta el 2018. A partir de ahora, las compañías disponen de 18 meses de plazo para la preinscripción de sus sustancias. Luego tendrán que analizarlas siguiendo un procedimiento establecido y posteriormente enviar los resultados a Helsinki.
En Helsinki se ha inaugurado hoy, y comenzará a trabajar el año próximo, la Agencia Química Europea. Este organismo nace con REACH y se encargará de conceder o denegar, en base a la información recibida, los permisos para la producción y comercialización de químicos. Así se cierra el círculo de REACH, cuyas siglas no significan otra cosa que "Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals".
Una ventaja tiene REACH sin lugar a dudas: hasta ahora, las autoridades nacionales de cada país miembro estaban obligadas a demostrar que una sustancia química era dañina antes de poder prohibir su uso. Ahora, el proceso se invierte y es la industria química quien tiene que demostrar ante las autoridades europeas que sus sustancias no le hacen mal a nadie.