Alemania: ¿un país corrupto?
23 de enero de 2003
La sección alemana de Transparencia Internacional, la organización no gubernamental dedicada a combatir la corrupción, exige un mayor grado de transparencia en la economía y política alemanas. Según el índice de corrupción más reciente, publicado en el verano de 2002, Alemania ocupa el rango 18 de los 102 países estudiados, detrás de otras naciones europeas, así como de los Estados Unidos y de Canadá.
¿Una república bananera?
En Alemania ya nadie parece sorprenderse ante noticias que hablan de la manipulación de información confidencial en la bolsa, de estafadores que quiebran empresas enteras o de negocios multimillonarios que sólo salen adelante gracias al pago de sobornos.
El número de delitos económicos creció un 21% en el 2001, con respecto al año anterior, causando un daño estimado de 6.600 millones de euros. Ante tales cifras y frente a políticos que parecen no decir toda la verdad, no sorprende que la confianza de la población sea cada vez menor. Un ejemplo concreto son las donaciones ilegales a las campañas electorales, que llegaron a salpicar a partidos de todo el espectro político. Sumando los delitos económicos "de cuello blanco" con la dudosa ética de algunos políticos, muchos ciudadanos alemanes temen que su país haya caído al nivel de una "república bananera".
El rezago alemán
La pérdida de confianza en los actores económicos y políticos del país que constata Transparencia Internacional, daría una nueva dimensión al rezago alemán frente a algunos de sus vecinos europeos en materia del combate de la corrupción.
Algunos comentaristas alemanes incluso acuden al ejemplo del éxito de la lucha contra la corrupción en países como México, para ilustrar cómo las autoridades alemanas estarían subestimando el problema en su propia casa.
Falta transparencia
Hasta ahora ha fracasado el intento de formular una "Ley de la libertad de información", que se hundió en la selva burocrática del pasado período legislativo. Los representantes de la economía alemana temían que dicha normativa abriría la puerta al espionaje industrial.
Tampoco avanzó el intento de crear "listas negras", donde figuraran aquellas empresas con antecedentes de corrupción. Este listado hubiera permitido, por ejemplo, la exclusión temporal para poder presentarse a licitaciones públicas.
La única vía para cerrar esta brecha sería superando la retórica bienintencionada, que muchas veces acaba en declaraciones de intención. Se trata de alcanzar un mayor grado de transparencia que abarque el campo político, económico, las administraciones públicas y la industria. Sólo el libre acceso a los programas y conceptos detrás de las decisiones estratégicas permitirían que la ciudadanía corrobore la toma de decisiones, a la vez que contribuiría al restablecimiento de la confianza en el Estado de derecho.